El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado varias disposiciones del real decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo aprobado el año pasado por el Gobierno al considerar la inexistencia de “urgente y extraordinaria necesidad” tal y como esgrimía o justificaba el Gobierno. En él se contemplaba la integración de la gestión de las clases pasivas del Estado en la Seguridad Social.
Fuentes próximas al Gobierno afirmaron que con este RDL se daba un paso más en el traspaso definitivo de la gestión y ejecución del Régimen de Clases Pasivas desde el Ministerio de Hacienda (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas) al Mº de Inclusión Seguridad Social y Migraciones (INSS y Tesorería General), sin que esto se traduzca en cambio alguno en las condiciones de las prestaciones y coberturas, ni en la integración de regímenes.
El recurso presentado en su día por el partido Popular, impugnó las disposiciones adicionales sexta, que adaptaba la normativa de la legislación sobre el Régimen de Clases Pasivas, y séptima, relativa a la financiación estatal de los gastos imputables a su gestión así como la disposición transitoria segunda, que concreta el procedimiento a seguir para la elección de una mutua, y prevé el criterio a aplicar en caso de que no se ejerza el derecho de opción en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Y con la disposición final primera, por la que se modificaba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
A raíz de su publicación, se procedió al traspaso de la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social, y más adelante, según el propio Gobierno, se explicitarían las consecuencias y efectos de esta norma. Ello generó una gran incertidumbre en el funcionariado ante la falta de concreción e inexistencia de explicaciones por parte de la administración.
De hecho, desde ANPE, cuando conocimos esta artimaña legislativa publicamos en nuestra página web una referencia a ello, considerando que esta integración o cambio competencial no era ni necesaria ni urgente en ese momento, y poníamos esa urgencia entre comillas. El trasfondo que había en este cambio tan de soslayo generaba desasosiego en el colectivo afectado.
Esta situación de inestabilidad e inquietud se ha traducido en un considerable aumento del número de jubilaciones en el colectivo de funcionarios, muy especialmente en ámbito docente. Según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno del pasado 2 de marzo a una pregunta realizada desde el Grupo Popular en el Congreso, las peticiones de jubilación anticipada entre los funcionarios alcanzaban el número de 10.387, un 26% más que en 2019, siendo especialmente notable en el sector de la Educación, que representa el 80% de los concedidos en 2020.
