NOVEDAD: 27/04/2026.- Publicada en BOA una nueva Orden con actuaciones frente al acoso escolar.
El Dpto. de Educación refuerza la normativa contra el acoso escolar con la Orden ECD/584/2026, que modifica la regulación vigente para mejorar la prevención, detección e intervención. Se establece la activación inmediata de protocolos ante cualquier indicio y se detallan actuaciones específicas para garantizar la protección del alumnado. La norma amplía su aplicación a todos los centros educativos y refuerza la coordinación institucional y la seguridad jurídica.
La Orden introduce algunas mejoras relevantes en la regulación de la convivencia escolar y la lucha contra el acoso que ANPE viene exigiendo reiteradamente desde Aragón. Con todo, recordamos que, aunque en la dirección correcta, es todavía un paso insuficiente: ANPE viene reclamando un refuerzo de la autoridad, con más recursos, coordinación con servicios externos, formación y apoyo específicos, mejora de ratios y refuerzo de plantillas —particularmente de los servicios de Orientación— y una respuesta firme para frenar una violencia intolerable en las aulas y garantizar la seguridad real de menores... ¡¡y docentes!!, seguridad física y, sobre todo, jurídica.
Entre los aspectos más destacados de la nueva Orden, que supone un refuerzo claro del marco de convivencia escolar, dotando a los centros y al profesorado de mayor base normativa para intervenir ante situaciones de acoso.:
- Activación inmediata de protocolos:
Se establece como obligación que los equipos directivos activen los protocolos en cuanto exista cualquier indicio razonable de acoso o conflicto grave, reforzando la rapidez de respuesta. - Aplicación a todos los centros:
La norma extiende de forma expresa la obligatoriedad de los protocolos a todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, garantizando una respuesta homogénea. - Nuevo desarrollo normativo del acoso escolar:
Se incorpora un nuevo artículo específico que define el acoso escolar y detalla las actuaciones: protección de la víctima, investigación rigurosa y aplicación de medidas educativas y disciplinarias. - Mayor coordinación institucional:
Se refuerza la intervención de la Inspección de Educación y la Red Integrada de Orientación Educativa, así como la coordinación con servicios sociales, sanitarios y cuerpos de seguridad cuando sea necesario. - Confidencialidad y garantías jurídicas:
Se asegura la protección de los datos y del alumnado implicado, así como una actuación ajustada a los principios de legalidad y al interés superior del menor. - Prevención, formación y evaluación:
Se impulsa la inclusión de acciones preventivas en los planes de convivencia, la formación continua del profesorado y campañas institucionales, junto con mecanismos de evaluación periódica. - Adaptación de protocolos existentes:
Los centros deberán adaptar sus protocolos vigentes a la nueva normativa en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
Desde ANPE reclamamos a las Administraciones dignificar la profesión docente dotándola de los medios y recursos que realmente precisa; tomar conciencia del problema: los docentes no son un funcionariado subalterno o de segunda, sino un servicio esencial, atendido por magníficos profesionales. Hay que poner en valor lo que es realmente valioso: EL VALOR DE LA PROFESIÓN DOCENTE.
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