*Imagen de archivo de una reunión previa a la pandemia.
El pasado viernes 26 de febrero mantuvimos una reunión con doña Carmen Martínez Urtasun, Directora General de Personal, para tratar los diferentes temas de los que pedimos explicaciones y/o aclaraciones a lo largo de este mes. Los temas tratados en la misma han sido los siguientes:
Proceso de concurso-oposición 2021. Desde ANPE hemos preguntado sobre los protocolos de actuación que están en proceso de elaboración y sobre las situaciones concretas que nos preocupan. En relación a la situación del opositor/a confinado o afectado por COVID durante el proceso de las diferentes pruebas, desde la Administración nos aseguran que están estudiando todos los casos posibles y la solución a los mismos, siempre manteniendo la igualdad de oportunidades que debe prevalecer en estos procedimientos. La casuística puede ser amplia y las soluciones complicadas, lo antes posible intentarán dar respuesta y establecer las posibles soluciones a diferentes casos. En relación a la composición de los tribunales, se les proporcionará directrices claras de actuación ante la COVID y el material de protección que establezcan las autoridades sanitarias. Desde ANPE hemos solicitado que se den a conocer estas medidas lo antes posible, para no añadir más incertidumbre, de la que ya está intrínseca al proceso, y que los opositores puedan centrarse en el estudio y superación de las diferentes pruebas.
Hemos vuelto a solicitar adaptación del puesto de trabajo para personal vulnerable, al igual que se han dictado instrucciones para adaptar la enseñanza de alumnado vulnerable o que convive con personas vulnerables, lo que ha supuesto un aumento de carga de trabajo que, por supuesto, le hemos hecho llegar a la Administración que no ha ido acompañada de aumento de plantilla ni disminución de horario lectivo. La Administración contesta que se actualizan los protocolos de prevención y, con ello, el material de protección adecuado según el estado de la pandemia y los criterios que establece prevención de riesgos y las autoridades sanitarias. Desde ANPE seguimos pensando que no es suficiente y que los docentes necesitan mayor protección.
En relación al personal docente vulnerable, hemos solicitado información sobre cuando se prevé vacunar a este personal, ya que el calendario de vacunación previsto no contempla a los docentes mayores de 55 años, el personal más vulnerable, además de esencial. Desde el Departamento no han sabido darnos respuesta, entendemos que mientras no se disponga de las vacunas recomendadas para este colectivo no se podrá realizar la vacunación del mismo. Desde ANPE seguiremos insistiendo, el porcentaje de docentes afectados en esta franja de edad ronda el 20% del personal y urge se le de respuesta lo antes posible.
También hemos pedido aclaraciones en relación a los docentes que trabajan en la comunidad, y que residen en otra por la cercanía al puesto de trabajo, ya que para ser vacunados se requiere la tarjeta sanitaria de Aragón. Nos han comunicado que están coordinando la información en todos los centros sanitarios para que la misma sea clara, no se requiere certificado de empadronamiento para solicitar la tarjeta sanitaria de desplazados.
Hemos transmitido la falta de directrices claras en relación a la obligación de tener, por ley, desfibriladores en los centros educativos. Sobre todo, hemos hablado de la dificultad de los centros rurales agrupados para la adquisición de este material cuando se encuentran ubicados en varias localidades, además solicitamos que desde la Administración se proporcione la formación necesaria para utilizarlos. Desde ANPE solicitamos al Departamento unas directrices claras y coordinadas para todos los centros educativos.
Hemos manifestado el malestar existente en los centros ante la publicación de informaciones que afectan directamente a los mismos en prensa antes de que lleguen a los centros, nos hablan de “posible” desfase de horas, que toda la información que incumbe a los centros se envía desde Dirección General a los Servicios Provinciales, y estos las reenvían a todos los centros de la provincia, por lo que el desfase de tiempo, en relación a la recepción de información no debería exceder de una pequeña franja horaria.
También hemos expresado la falta de participación del colectivo docente a la hora de decretar la suspensión de las clases el 11 y 12 de enero, cuando los centros educativos tenían protocolos de actuación diseñados para seguir trabajando en diferentes escenarios pandémicos y, por ende, en situaciones que supongan suspensión de clases presenciales. Desde la Administración nos dicen que la decisión fue tomada por el centro de coordinación operativa integrada (CECOPI) y que ante la urgencia meteorológica se pensó que esa era la mejor opción. Manifestamos también nuestro desacuerdo al no negociar ni contar con el criterio de los profesionales de la enseñanza a la hora de modificar el calendario escolar.
Desde el servicio del Defensor del Profesor hemos detectado en el último mes un aumento de casos relacionados con conductas agresivas y amenazantes hacia los docentes que afectan a la convivencia escolar. Y así se lo hemos hecho saber a la Directora General de Personal. Desde ANPE solicitamos que se active la asesoría jurídica para defender a los/as docentes ante este tipo de conductas.
En relación a la propuesta que presentamos para que los/as interinos/as que no se pudieron incorporar a la plaza adjudicada a inicio de curso por estar confinados debido a la COVID se les contará la experiencia de los días en los que se retrasó el nombramiento, desde la Administración consideran que esa decisión habría podido ser motivo de demandas por docentes que ante otras situaciones que les impiden la toma de posesión se sintieran víctimas de un trato desigual. Consideran que el mantenerles la plaza adjudicada ya supuso una medida adecuada a las circunstancias sobrevenidas.
En relación al proceso de selección de la función directiva, solicitamos la posibilidad de un cambio en la normativa reguladora de la convocatoria, ya que hay docentes interesados en presentarse a la misma, pero el requisito de formación no lo tienen en el momento de publicación de la misma, aunque si que lo pueden cumplir antes de finalizar el proceso, por lo que sólo se requeriría un cambio en las fechas en las que debe darse el cumplimiento de requisitos exigidos, dentro de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso.
ANPE Aragón 26 de febrero de 2021.
