ANPE exige que se priorice a los docentes en la segunda fase de vacunación al ser considerados como personal de actividad esencial y la actualización de los protocolos Covid-19 con adopción de medidas que garanticen la seguridad en los centros educativos.
Los docentes exigen políticas concretas y actualizadas para evitar los contagios y que los centros educativos sean lugares seguros frente a la Covid-19. Mientras las autoridades políticas y sanitarias de todos los ámbitos territoriales adoptan medidas todas las semanas para evitar contagios, ninguna medida va dirigida a los centros educativos manteniéndose intactos los protocolos de principio de curso.
Desde ANPE siempre nos hemos manifestado partidarios de mantener la enseñanza presencial para todo el alumnado, porque tener las aulas abiertas asegura la equidad y calidad en la educación, pero eso sí, siempre que se haga con una evaluación constante, y una actualización y adecuación de las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad adaptadas al contexto al que nos estamos enfrentando actualmente. Apostar por la enseñanza presencial tiene que ser plenamente compatible con exigir que no se ponga en peligro la salud de profesorado y de la comunidad educativa.
Para ANPE algunas de las medidas que habría que poner en marcha serían:
- Comunicación inmediata de situaciones de riesgo y aplicación inminente del protocolo de prevención que debe incluir: confinamiento, pruebas de PCR o de antígenos para todas las personas afectadas, y estudios y pruebas para determinar la situación inmunológica del profesorado y descubrir casos asintomáticos.
- Priorizar al colectivo docente y personal de servicio de los centros educativos en la siguiente fase de la campaña de vacunación contra el Covid-19. Este personal se considera esencial y además está expuesto a un número elevado de contactos diarios en lugares cerrados. En caso de no poder atenderse esta demanda, ANPE exige que como mínimo, que se priorice en la segunda fase de la campaña de vacunación, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que tenga la consideración de ser vulnerable ante el Covid-19 al presentar algún tipo de patología previa.
- Un Plan de Supervisión de ventilación de las aulas realizado por personal técnico cualificado en las mediciones de CO2, el refuerzo de los sistemas de calefacción en los centros educativos, y la instalación de medidores de CO2 y de purificadores de aire con filtro HEPA en todas las aulas.
- Planes de digitalización en todos los centros. El profesorado tiene que contar con los medios tecnológicos y las plataformas digitales en pleno funcionamiento y sin incidencias. Es fundamental que las administraciones educativas se cercioren de ello.
- El suministro de mascarillas FPP2 para todo el profesorado.
- Vigilancia y asesoramiento a todos los centros educativos por parte de personal técnico del Servicio de Prevención de Riesgos para valorar y resolver las cuestiones concretas que se planteen en cada situación.
- Reducción de ratios y aplicación de desdobles habilitando los recursos humanos y materiales necesarios.
- Incorporación de personal de apoyo para entradas, salidas, recreos y lavado de manos.
- Adaptación de los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y materias para prestar especial atención a los saberes y competencias fundamentales mientras nos encontremos en época de pandemia.
No nos cansaremos de reconocer y agradecer el gran trabajo y esfuerzo que están realizando los docentes en los centros educativos a pesar de la adversidad de las circunstancias. Ante esta situación tan inédita y excepcional y ante un futuro cada vez más incierto, ANPE hace un llamamiento al Ministerio para que ejerza esta labor de coordinación y liderazgo y que junto a las Consejerías de Educación actualicen los protocolos COVID aprobados el pasado mes de septiembre para adaptarlos a la nueva realidad de la pandemia, de modo que, junto a las medidas académicas necesarias extremen las precauciones y prioricen la seguridad física y sanitaria del alumnado, el profesorado y todos los integrantes de la comunidad educativa.
Aragón, 8 de febrero de 2021
