La presidenta de ANPE Aragón y Defensora del Profesor, Teresa Hernández, ha estado esta mañana en los micrófonos de Alto Jalón Radio, en el programa Buenos Días Alto Jalón (de 7.30 horas a 8.30 horas) para lanzar un mensaje contundente: la educación pública aragonesa no puede seguir funcionando a golpe de improvisación ni de recortes encubiertos. “Cada septiembre se repiten los mismos problemas”, ha afirmado, y con esa frase ha sintetizado un inicio de curso que vuelve a poner en evidencia carencias estructurales que la administración, lejos de resolver, arrastra año tras año.
En la entrevista, Hernández ha resumido un escenario complejo: más de un centenar de plazas sin cubrir, sustituciones que peligran por decisiones políticas tomadas de espaldas a la comunidad educativa, retrasos en la llegada de personal técnico y de apoyo, precariedad en la contratación y una creciente desmotivación entre los docentes. Todo ello en contraste con comunidades vecinas, como Castilla y León, donde sí se han alcanzado acuerdos para reforzar la enseñanza pública.
Además, ha advertido del creciente peso de la empresa privada en la Formación Profesional y de cómo la burocracia impuesta a los centros está haciendo que se olvide la esencia de la educación: formar a personas con valores, no sólo a futuros trabajadores.
Recortes y rectificación
Uno de los ejes iniciales de la conversación ha sido la polémica decisión del Departamento de Educación de reducir a la mitad los llamamientos semanales para cubrir bajas en Secundaria y FP. Hasta ahora se realizaban los lunes y los jueves, pero la consejería decidió mantener sólo el primero, dejando a muchos alumnos sin especialista durante días. “En algunos casos se podían prolongar hasta quince días sin recibir clases de la materia correspondiente, atendidos únicamente por guardias que no son especialistas”, ha explicado Hernández.
Tras la denuncia pública de ANPE y la presión de la comunidad educativa, el Gobierno de Aragón ha rectificado, reincorporando el llamamiento de los jueves. Para el sindicato de docentes de enseñanza pública ANPE Aragón, este episodio demuestra “que se trataba de un error muy grave y de un intento de ahorro encubierto”, ya que al retrasar las adjudicaciones se evitaba pagar días completos a los sustitutos. “Es una medida pensada para cuadrar números, no para garantizar el derecho a la educación”, ha criticado.
Plazas vacantes y precariedad
Más allá de las sustituciones, el curso ha comenzado con un déficit de plazas que ANPE cifra en más de un centenar. La mayoría corresponden a especialidades de Formación Profesional, muchas de ellas a tiempo parcial o en entornos rurales que resultan poco atractivos para los aspirantes. “La administración sabe que son plazas de difícil cobertura y, sin embargo, no toma medidas para incentivarlas”, ha lamentado Hernández.
La situación se agrava con el retraso en la incorporación de técnicos de Infantil, auxiliares de educación especial y personal administrativo. Estos perfiles, fundamentales para la organización de los centros y la atención al alumnado más vulnerable, llegan tarde cada septiembre, con el consiguiente perjuicio para los escolares y para las familias que necesitan conciliar. “No me vale que falte solo un auxiliar en un pueblo de Teruel. Si falta uno, ya es grave, porque ese niño queda desatendido. Y siempre falta alguno”, ha denunciado.
La presidenta de ANPE ha insistido en que esta precariedad no es fruto de una circunstancia puntual, sino de una falta de planificación que se repite curso tras curso. “Se nos dice que no hay soluciones inmediatas, pero para eso está la administración: para anticipar los problemas que sabe que volverán a aparecer y afrontarlos con tiempo, no con parches de última hora”.
La comparación con Castilla y León
Durante la conversación con Hernández se ha puesto sobre la mesa un contraste claro con la comunidad vecina. En Castilla y León, la Junta ha firmado recientemente un acuerdo con los sindicatos que incluye mejoras salariales para los docentes veteranos, compensaciones adicionales para el profesorado itinerante rural, refuerzos en colegios agrupados, reducción de burocracia y digitalización de las sustituciones para que sean más ágiles.
“Mientras allí se avanza con acuerdos amplios y consensuados, en Aragón seguimos con los mismos problemas del año pasado y del anterior”, ha criticado. Según la presidenta de ANPE, esta diferencia provoca una fuga de profesionales: “Muchos docentes prefieren marcharse a otras comunidades que les ofrecen mejores condiciones laborales y más facilidades para conciliar”.
La dirigente sindical ha reclamado una coordinación estatal que evite lo que ha calificado como “17 políticas educativas distintas”. “La descentralización no puede convertirse en una competencia entre comunidades para atraer a los docentes. Si no hay unos mínimos comunes garantizados, Aragón sale perdiendo”, ha advertido.
El peso de la privada en Formación Profesional
Otro de los asuntos que preocupan a ANPE es la tendencia creciente a derivar hacia la enseñanza privada la oferta de ciclos de Formación Profesional más demandados. Hernández ha explicado que, mientras en la red pública faltan plazas, la administración recurre a empresas privadas para cubrir la demanda. “Es más barato para ellos, pero deja fuera a muchos alumnos de la pública y desprotege al medio rural, porque las empresas privadas nunca van a implantar ciclos en pueblos pequeños donde no es rentable”, ha señalado en nombre de ANPE Aragón.
Desde el sindicato de docentes de enseñanza pública insisten en que la FP es clave para generar empleo y oportunidades, y que su gestión debería ser una prioridad en la red pública. “No podemos permitir que se convierta en un negocio para unos pocos cuando hablamos de un derecho para todos los jóvenes, vivan donde vivan”, ha subrayado.
Un pacto de Estado pendiente
Para Teresa Hernández, el problema de fondo es que la educación se ha convertido en arma arrojadiza entre partidos y comunidades. “Estamos en una campaña electoral permanente. La educación y la sanidad se utilizan para confrontar y, mientras tanto, los problemas reales no se resuelven”, ha lamentado.
Por ello, ha reclamado un pacto de Estado por la educación, que blinde la enseñanza pública y la saque de la pelea partidista. “Sería mi sueño. Coordinaría a todas las comunidades, pondría orden en la planificación y garantizaría una educación de calidad para todos los territorios. Lo contrario es seguir jugando con el futuro de nuestro alumnado”.
Hernández ha concluido con un mensaje claro en representación del sindicalismo que promueve ANPE Aragón: la educación no es solo cuestión de dinero, también de respeto social y de confianza en la profesionalidad del profesorado. “Estamos perdiendo valores porque la sobrecarga burocrática hace olvidar la esencia de la educación. Necesitamos que la sociedad nos apoye y que las administraciones hagan políticas estables y responsables. Con la educación pública no se puede improvisar”, ha sentenciado.
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