ANPE Aragón exige aplicar la doctrina del Tribunal Supremo sobre compatibilidad docente.
- En una iniciativa coordinada en todas las comunidades autónomas, ANPE Aragón reclama a Carmen Susín que aplique el criterio del Alto Tribunal y el Dpto. de Educación deje de denegar compatibilidades por el cómputo indiscriminado de componentes retributivos generales del complemento específico.
- Las restricciones al funcionariado docente afectan incluso a profesores con jornadas parciales y dificultan la cobertura de vacantes en el medio rural y en especialidades de FP, donde resulta importante atraer profesionales en activo cualificados.
- ANPE vincula esta exigencia a su reivindicación estatal de modernizar una ley de incompatibilidades de funcionarios, de hace más de cuarenta años, ajena al emprendimiento digital, las nuevas profesiones y la realidad productiva y socioeconómica actual.
Zaragoza, 5 de noviembre de 2026
ANPE Aragón ha reclamado formalmente a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, que adapte los criterios administrativos sobre compatibilidad del profesorado a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo. Esta iniciativa se enmarca en una iniciativa de ámbito estatal impulsada por ANPE, a través de la cual sus presidencias autonómicas están trasladando formalmente esta misma reivindicación a las respectivas consejerías de Educación. El sindicato reclama así una aplicación homogénea de la doctrina del Tribunal Supremo en todas las comunidades autónomas, que garantice los derechos profesionales del profesorado de la enseñanza pública y evite interpretaciones administrativas restrictivas del régimen de incompatibilidades.
La reivindicación adquiere especial importancia en Aragón, donde la interpretación restrictiva de los límites retributivos viene impidiendo reconocer compatibilidades incluso a profesores que ocupan vacantes de jornada parcial y necesitan complementar sus ingresos con otras actividades profesionales. Una situación particularmente gravosa cuando se trata de puestos de difícil cobertura, como determinadas plazas en el medio rural, cuya aceptación puede verse desincentivada por estas restricciones.
La presidenta autonómica de ANPE, Teresa Hernández, ha dirigido una carta a la consejera solicitando instrucciones que permitan reconocer estas compatibilidades conforme al criterio jurisprudencial, evitando que los complementos salariales generales sigan utilizándose como motivo para denegar su reconocimiento, cuando no responden a las características singulares del puesto de trabajo. El origen del problema está en la aplicación de la Ley de Incompatibilidades de 1984, aprobada hace más de cuarenta años, que condiciona el reconocimiento de determinadas actividades privadas a que el complemento específico del funcionario no supere el 30% de sus retribuciones básicas, excluida la antigüedad. En Aragón, la aplicación de ese límite porcentual sobre la totalidad de los componentes del complemento específico de la nómina viene provocando la denegación de solicitudes de compatibilidad, incluso cuando la segunda actividad no interfiere con las obligaciones docentes ni compromete la imparcialidad o independencia del funcionario.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido un criterio que permite superar esta interpretación restrictiva: para determinar si se rebasa ese límite, no deben computarse indiscriminadamente todos los componentes del complemento, sino únicamente aquellos vinculados a las características singulares del puesto de trabajo. En términos sencillos: cobrar el complemento salarial general que corresponde a un docente por pertenecer a su cuerpo no equivale a percibir una retribución adicional —singular y específica— por ocupar un puesto de especial responsabilidad o dedicación que genere incompatibilidad. ANPE Aragón reclama que esa distinción, que también existe en el sistema retributivo autonómico de los funcionarios docentes, se aplique al resolver sus solicitudes de compatibilidad. De este modo, quienes cumplan los restantes requisitos legales podrían obtener su reconocimiento sin que los componentes generales de su salario constituyan un impedimento.
UNA LEY DE LOS AÑOS OCHENTA QUE NECESITA ADAPTARSE AL SIGLO XXI
Esta exigencia inmediata a las consejerías de Educación no sustituye, sino que refuerza la reivindicación que ANPE viene sosteniendo desde hace años a nivel estatal: una reforma profunda del régimen de incompatibilidades del profesorado. Se trata de actuar en dos planos complementarios: aplicar desde ahora correctamente la legislación vigente, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, y promover una actualización normativa de mayor alcance que responda a las transformaciones de la profesión docente y de la sociedad.
ANPE lleva años denunciando que la interpretación excesivamente rígida del sistema de incompatibilidades limita las oportunidades profesionales del profesorado y desaprovecha conocimientos y experiencias que podrían enriquecer la enseñanza pública. La normativa fue concebida para una realidad sociolaboral muy diferente, anterior a internet, la digitalización, el teletrabajo y para un contexto socioeconómico y laboral muy diferente del actual. Hoy, un docente puede participar en proyectos de creación de contenidos digitales, programación, desarrollo tecnológico, emprendimiento, actividades artísticas o prestación de servicios profesionales especializados, sin que ello tenga necesariamente que interferir con su función educativa.
¿Por qué impedir que un docente emprenda, innove o ejerza otra actividad profesional en su tiempo libre cuando cumple íntegramente con sus responsabilidades en la enseñanza pública y no existe ningún conflicto de intereses legalmente relevante? ANPE Aragón defiende que la dedicación al servicio público y el respeto a las incompatibilidades verdaderamente justificadas son perfectamente conciliables con un marco más flexible, proporcionado y adaptado a las nuevas realidades profesionales. La doctrina del Tribunal Supremo proporciona una vía concreta para corregir algunas de las restricciones actuales, sin perjuicio de la necesaria modernización del conjunto de la normativa.
UNA OPORTUNIDAD PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LAS ESPECIALIDADES DE DIFÍCIL COBERTURA EN EL MEDIO RURAL
El sindicato subraya que esta reivindicación tiene especial trascendencia para la Formación Profesional, un ámbito en el que resulta imprescindible mantener una conexión permanente entre la enseñanza y la realidad productiva. La FP necesita incorporar conocimientos actualizados, experiencia práctica y profesionales cualificados en las últimas técnicas y tecnologías. Sin embargo, las restricciones de compatibilidad pueden disuadir a especialistas en activo de incorporarse a la docencia pública si ello les obliga a abandonar por completo su actividad profesional.
No resulta coherente apostar por una Formación Profesional estrechamente vinculada a las empresas y mantener, al mismo tiempo, obstáculos que dificultan que sus docentes sigan conectados profesionalmente con ellas. Un reconocimiento más razonable de las compatibilidades podría facilitar la incorporación de profesionales en activo a determinadas especialidades, contribuir a la cobertura de plazas docentes difíciles de proveer y favorecer la transferencia de conocimientos entre los centros educativos y el tejido empresarial.
Además, permitir que el profesorado mantenga, en los términos legalmente compatibles, una actividad profesional vinculada a su especialidad favorece su actualización tecnológica, el conocimiento directo de los procesos productivos y la transferencia de experiencia real a las aulas. Una oportunidad especialmente valiosa en una FP que aspira a formar al alumnado en las técnicas y competencias que demandan las empresas.
Esta mayor flexibilidad también podría favorecer la cobertura de determinadas vacantes en centros del medio rural, especialmente cuando se ofertan jornadas parciales cuya aceptación puede resultar poco atractiva para profesionales que, con la actual interpretación administrativa, encuentran dificultades para mantener otra actividad laboral compatible. La misma lógica resulta aplicable a las Enseñanzas Artísticas y Deportivas, donde la posibilidad de compaginar la docencia con el ejercicio profesional puede constituir un valor añadido para la formación del alumnado.
ANPE RECLAMA INSTRUCCIONES CLARAS Y UNA MODERNIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES
ANPE Aragón solicita al Departamento de Educación dirigido por Carmen Susín que dicte las instrucciones necesarias para trasladar al profesorado el criterio fijado por el Tribunal Supremo, evitando que componentes salariales de carácter general se utilicen como motivo automático para denegar el reconocimiento de compatibilidad. Esta demanda, compartida por ANPE en todas las comunidades autónomas, forma parte de una reivindicación sindical de mayor alcance: modernizar una regulación de incompatibilidades que ha quedado desfasada respecto de las transformaciones de la profesión docente, las nuevas formas de trabajo y las necesidades del propio sistema educativo. No se trata de rebajar las exigencias del servicio público ni de minusvalorar las obligaciones del profesorado, sino de permitir que quienes las cumplen puedan desarrollar otras iniciativas profesionales cuando no concurra una causa de incompatibilidad legalmente justificada.
Para ANPE Aragón, facilitar estas compatibilidades supone defender los derechos profesionales del profesorado y, al mismo tiempo, aprovechar mejor su talento, su experiencia y su capacidad de innovación en beneficio de la enseñanza pública.
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