ANPE ARAGÓN, EXCLUIDO DEL PROCESO, EXIGE UNA REGULACIÓN MUCHO MÁS AMBICIOSA Y VERDADERAMENTE CENTRADA EN LAS CONDICIONES PROFESIONALES DEL DOCENTE.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: la nueva regulación en Aragón nace sin recursos, sin compensaciones ni garantías suficientes, y sin la participación de ANPE
ANPE Aragón destaca las insuficiencias de la nueva regulación deficientemente negociada: las ratios, la carga burocrática y la ausencia de compensaciones reales mantienen demasiada responsabilidad sobre el profesorado sin proporcionar los medios humanos y laborales necesarios.
25/08/2026.- Publicada en el BOA de hoy martes 25 de agosto la regulación específica para las actividades complementarias, extraescolares, viajes de estudios y salidas educativas fuera del recinto escolar de los centros públicos. La norma establece un marco común de organización, incorpora protocolos de actuación y criterios de acompañamiento y expone determinados aspectos de la cobertura de responsabilidad civil del profesorado.
Desde ANPE Aragón valoramos que, finalmente, se haya afrontado una problemática que venimos denunciando desde hace meses, especialmente después de que la situación de inseguridad jurídica y la extraordinaria responsabilidad asumida por los docentes llevara a numerosos centros públicos a suspender o replantearse viajes, intercambios, Erasmus y otras actividades educativas. Pero si regular era necesario, el hacerlo con un proceso negociador sesgado y desequilibrado nos lleva al resultado aprobado: una Orden que deja todos los problemas importantes sin resolver.
Una negociación deficiente que vuelve a dejar fuera la voz de ANPE Aragón
Desde nuestro sindicato lamentamos, en primer término, el procedimiento seguido para elaborar una norma que afecta directamente a las condiciones de trabajo, jornada, responsabilidad y seguridad jurídica del profesorado. La Administración ha presentado el proceso como ampliamente participativo y ha abierto interlocución no sólo con las organizaciones presentes en la actual Mesa Sectorial, sino también con federaciones de familias, asociaciones de equipos directivos, Inspección Educativa y otros agentes de la comunidad educativa. La participación de todos ellos puede enriquecer legítimamente una regulación de esta naturaleza.
Lo que resulta difícilmente comprensible es que esa "amplitud participativa" termine precisamente donde comienza ANPE Aragón, la voz profesional de los docentes de la pública… Nuestro sindicato, que todavía no forma parte de la Mesa Sectorial, ha quedado nuevamente fuera de una negociación que afectaba de manera directa a los profesionales de la enseñanza pública, pese a contar con una implantación, base y representatividad entre el profesorado aragonés mucho mayores que otras entidades a quienes se daba audiencia y cuya presencia no deriva de la representación electoral de los docentes. Escuchar a las familias y a toda la comunidad educativa es positivo. Excluir de esa escucha a una organización representativa del profesorado de la enseñanza pública, no lo es.
ANPE Aragón vuelve así a constatar las consecuencias de un modelo de interlocución encerrado en la Administración y cómodo con las tradicionales organizaciones del sindicalismo político presentes en la Mesa Sectorial: los docentes necesitan pluralidad sindical —ANPE Aragón está presente en las Juntas de Personal Docente de las tres provincias aragonesas— y una nueva voz que marca la representación profesional realmente centrada en sus problemas laborales y educativos.
Ratios insuficientes para una responsabilidad que es permanente
La nueva regulación establece, con carácter general, un mínimo de dos docentes responsables y fija ratios orientativas de acompañamiento de:
- Educación Infantil: 1 responsable por cada 15 alumnos.
- Educación Primaria: 1 por cada 23.
- ESO, Bachillerato y Formación Profesional: 1 por cada 30.
- Educación Especial: 1 por cada 3.
La propia norma permite incrementar el número de acompañantes según las características del alumnado y la complejidad de la actividad.
Para ANPE Aragón, sin embargo, el problema es precisamente que se establecen obligaciones de vigilancia muy exigentes sin garantizar simultáneamente los recursos humanos necesarios para cumplirlas. Un viaje, una excursión o una actividad con pernocta no reproduce las condiciones controladas de un aula. Supone desplazamientos, espacios desconocidos, transportes, alojamientos, comidas, tiempos de ocio, incidencias sanitarias o disciplinarias y una responsabilidad de vigilancia, guarda y custodia que puede prolongarse durante las 24 horas del día.
Además, reducir el análisis de la complejidad únicamente al alumnado formalmente reconocido con necesidades específicas supone desconocer la realidad cotidiana de los centros. El alumnado actual es extraordinariamente diverso en comportamientos, autonomía, madurez, situaciones familiares, sociales y personales, exista o no previamente un diagnóstico psicopedagógico, socioeducativo o sanitario. El profesorado debe responder también ante situaciones sobrevenidas, dificultades conductuales o personales y problemáticas que no figuran en ningún informe previo. Por eso, una ratio teóricamente admisible sobre el papel puede resultar manifiestamente insuficiente en una situación real fuera del centro.
ANPE viene reclamando ratios de acompañamiento mucho más prudentes y, especialmente, que la posibilidad de reforzar acompañantes vaya acompañada de dotación efectiva de personal, incluida la participación de profesionales de apoyo cuando las circunstancias del alumnado o de la actividad lo aconsejen.
Ocho anexos y más carga burocrática para los centros y docentes
La regulación incorpora ocho anexos, con criterios organizativos, compromisos de convivencia, autorizaciones familiares, valoraciones individualizadas, planes específicos de protección y seguimiento, consentimientos informados, protocolos de incidencias y orientaciones sobre seguros y responsabilidad civil.
La Administración sostiene que estos modelos “facilitarán” la gestión. ANPE Aragón advierte, por el contrario, del riesgo de que la solución vuelva a consistir en producir documentos para trasladar responsabilidad. Más formularios, valoraciones, protocolos, decisiones motivadas y documentos de planificación significan también más carga administrativa para equipos directivos y docentes, precisamente cuando una de las reclamaciones reiteradas del profesorado es reducir una burocracia educativa que no deja de crecer.
La seguridad jurídica no se consigue acumulando papeles. Se consigue definiendo claramente responsabilidades, proporcionando recursos que eviten percances indeseados y estableciendo procedimientos sencillos, homogéneos y realmente asumibles.
12 horas de descanso no compensan jornadas de 24 horas
La norma establece un descanso mínimo de doce horas entre el regreso de una actividad y la reincorporación del docente a su puesto de trabajo.
Es una previsión necesaria, pero manifiestamente insuficiente como respuesta a la extraordinaria dedicación que comportan determinados viajes. Esas doce horas constituyen un descanso mínimo entre jornadas; no son una compensación por las horas efectivamente realizadas. No compensan una actividad que puede comenzar a primera hora, prolongarse hasta la noche, incluir disponibilidad durante la madrugada y continuar durante varios días consecutivos.
ANPE Aragón viene reclamando algo cualitativamente muy diferente: compensación horaria efectiva, reconocimiento profesional y retribución específica de la dedicación extraordinaria. Y en este terreno la nueva regulación vuelve a guardar silencio.
Las dietas pagan gastos; no pagan responsabilidad ni horas extraordinarias
Resulta especialmente decepcionante que, en materia económica, la regulación se limite esencialmente a remitirse al régimen general de indemnizaciones por razón del servicio del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Conviene recordar algo elemental: una dieta no es una retribución. Las indemnizaciones por desplazamiento, alojamiento o manutención sirven para que el docente no tenga que financiar de su bolsillo los gastos que le ocasiona prestar un servicio fuera de su destino. No remuneran las horas extraordinarias realizadas ni la disponibilidad permanente, ni compensan la especial responsabilidad que el profesorado asume durante un viaje escolar.
Además, ANPE Aragón echa en falta una regulación operativa mucho más clara sobre cómo deben tramitarse estas órdenes de servicio, qué órgano debe autorizarlas, con cargo a qué crédito se financian y cómo deben abonarse homogéneamente en todos los centros. Sin esa concreción existe un riesgo evidente de que todo continúe, en buena medida, como hasta ahora: el alojamiento y la manutención del profesor quedan cubiertos dentro del coste de la actividad y, a cambio, las muchas horas adicionales de trabajo y la responsabilidad extraordinaria asumida devienen prácticamente gratuitas para la Administración.
ANPE Aragón considera que este modelo debe cambiar. Las actividades con pernocta o con prolongaciones relevantes de jornada deben incorporar una compensación profesional y económica específica, además de la indemnización de los gastos ocasionados.
La cobertura civil mejora la claridad, pero no elimina todos los riesgos
La norma recoge asimismo que el profesorado actúa bajo la cobertura de responsabilidad civil de la Administración, reservándose la responsabilidad personal para los supuestos de dolo, culpa o negligencia grave. La clarificación resulta positiva, pero no resuelve por sí sola la inquietud que ha originado todo este debate.
Una norma educativa no puede impedir que ante un accidente grave puedan depurarse responsabilidades en los distintos órdenes jurídicos ni puede sustituir la necesidad de proporcionar al profesorado protocolos claros, asesoramiento inmediato, asistencia jurídica efectiva y condiciones organizativas que reduzcan objetivamente el riesgo.
La mejor protección jurídica empieza antes del incidente, evitándolo si es posible: con ratios adecuadas, equipos suficientes, responsabilidades inequívocamente delimitadas y medios proporcionados a las obligaciones impuestas.
Una norma transitoria no puede ser una norma sin recursos
La Administración insiste en el carácter transitorio de esta regulación, que estará vigente durante el curso 2026/2027 mientras se tramita una orden definitiva prevista para 2027. Sin embargo, para ANPE Aragón, la provisionalidad no puede convertirse en excusa para la insuficiencia. Los viajes se realizan este curso. Las excursiones se realizan este curso. La responsabilidad del profesorado existe desde el primer día de aplicación de la norma. Y los centros tienen que decidir ahora qué actividades incorporan a sus programaciones. Por ello, las garantías, el personal y las compensaciones también tienen que existir ahora.
Si las nuevas exigencias documentales y de responsabilidad no vienen acompañadas de recursos suficientes, existe un riesgo real de que algunos centros reduzcan, externalicen o directamente dejen de organizar determinadas actividades, lo que termina perjudicando al alumnado y empobreciendo la oferta educativa de la enseñanza pública.
ANPE Aragón quiere que las excursiones, intercambios, viajes de estudios, Erasmus y demás actividades fuera del centro se mantengan y se potencien, porque poseen un extraordinario valor educativo. Pero su continuidad no puede descansar en el voluntarismo del profesorado ni en la asunción gratuita de responsabilidades y jornadas extraordinarias.
ANPE Aragón reclama una regulación definitiva mucho más ambiciosa
ANPE Aragón exigirá que la futura norma de 2027 se negocie con verdadera participación del profesorado y corrija las carencias de esta regulación transitoria mediante:
- Ratios de acompañamiento más ajustadas y realistas.
- Refuerzo efectivo de docentes y personal de apoyo.
- Protocolos homogéneos y una verdadera simplificación burocrática.
- Compensación horaria real por la prolongación de jornada.
- Retribución específica en actividades con especial dedicación y pernocta.
- Tramitación homogénea y garantizada de las indemnizaciones por razón del servicio.
- Cobertura jurídica, asistencia letrada y seguros adecuados.
- Reconocimiento profesional de la responsabilidad extraordinaria asumida.
- Y, desde luego, todo lo anterior en una negociación en la que la voz de ANPE Aragón y de los docentes de la enseñanza pública a los que representa deje de ser postergada.
Quien trabaja exclusivamente para la enseñanza pública puede exigir sin hipotecas. Frente a negociaciones condicionadas por equilibrios ajenos a la profesión docente, ANPE Aragón defiende exclusivamente los intereses de la enseñanza pública y vuelve a reclamar una regulación mucho más garantista y ambiciosa: menos burocracia, más recursos, más garantías y un reconocimiento real para quienes asumimos la responsabilidad sobre el terreno.
ANPE Aragón
Sindicato de docentes de la enseñanza pública
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